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| Año III. 45-2004 |
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2ª quincena de junio de 2004 - 8278 suscriptores
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Breves
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Ante el informe que el Ministerio de Administraciones Públicas presentó recientemente al Consejo de Ministros recomendando al Ministerio de Medio Ambiente que ceda a las Comunidades Autónomas la competencia exclusiva en gestión de parques nacionales, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena consideran que esta cesión supondría una grave disminución de las actuales garantías de conservación que tiene la figura de Parque Nacional.
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El 60% del total de especies de flora silvestre de la Península Ibérica (aproximadamente unos 4.000 taxones) y el 70% de los vertebrados ibéricos no marinos (380 especies) se encuentran en Andalucía, lo que demuestra la importancia del gran patrimonio vegetal y animal con que cuenta el territorio andaluz.
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WWF/Adena ha propuesto la designación como Parque Nacional del Archipiélago Chinijo, el espacio con mayor biodiversidad marina de Canarias. El Archipiélago, situado al norte de Lanzarote, es uno de los enclaves naturales de mayor interés de Canarias, e incluye la isla de La Graciosa, los islotes de Alegranza y Montaña Clara, y los Roques del Este y del Oeste.
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Documentos Técnicos y Legislación
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APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 2001/42 RELATIVA A LA EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE DETERMINADOS PLANES Y PROGRAMAS EN EL MEDIO AMBIENTE
La Directiva sobre evaluación ambiental estratégica constituye un importante avance en la legislación comunitaria sobre medio ambiente. Hasta el momento, los grandes proyectos con posibilidad de repercutir en el entorno natural han de evaluarse de conformidad con la Directiva 85/337/CEE. La evaluación, sin embargo, tiene lugar en una fase en que las posibilidades de repercusión significativa son a menudo limitadas.
Las decisiones sobre el emplazamiento de un proyecto, o sobre opciones alternativas, pueden haberse tomado ya como parte de planes para un sector amplio o de una zona geográfica entera.
La Directiva sobre evaluación ambiental estratégica (2001/42/CE) colma esta laguna al exigir que se evalúen los efectos medioambientales en un amplio espectro de planes y programas, de manera que sigan teniéndose en cuenta en el momento de elaborar efectivamente los planes y, en su día, de adoptarlos. La población ha de ser consultada igualmente sobre los proyectos de planes o sobre la evaluación ambiental y sus opiniones deberán tenerse en consideración.
Directiva: DESCARGAR (Formato Acrobat PDF - ~372 Kb)
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